LENGUAJE

La creación del texto jurídico argumentativo, tal como hemos visto, pide competencias lingüísticas. Somos seres lingüísticos y la interacción humana ocurre en conversaciones que usan argumentos y lenguaje verbal y no verbal. Este le permite al ser humano expresar sus pensamientos y sentimientos, construir mensajes e interpretarlos. Así, el derecho construye conceptos jurídicos que se expresan por medio de palabras. Con los conceptos construimos proposiciones y con las proposiciones efectuamos raciocinios, argumentos, para demostrar una tesis.

Buena parte del aprendizaje del derecho consiste en reconocer las definiciones normativas, como que es cosa, peculado, anticresis, mandato, título valor, fiducia. Estos conceptos son una representación mental que contienen una carga de significación, ya que en su interior hay más conceptos. Por ejemplo, en el concepto contrato de trabajo, está incluidos los conceptos prestación de servicio, subordinación y salario.

El lenguaje no se limita a simplemente a representar al mundo, es decir, no se restringe a la función de describir un hecho, una persona o un lugar. Va más allá, pues el lenguaje es generativo, porque cuando pronunciamos determinados enunciados (proposiciones u oraciones) realizamos acciones, actuamos, creamos nuevas realidades y hasta podemos con él forjar nuestra propia identidad. Al hablar y al escribir producimos actos lingüísticos o actos sociales. Echeverría en su “Ontología del Lenguaje” relaciona, dentro de los actos lingüísticos más importantes, las afirmaciones, las declaraciones, los juicios las peticiones, las ofertas, las promesas, los reclamos[1].

En el lenguaje jurídico es habitual que teniendo la autoridad correspondiente se realicen específicas acciones con el lenguaje. Esto determina que el lenguaje es acción y puede generar nuevas realidades. Así, por ejemplo, en la toma de decisiones judiciales es habitual usar enunciados que son acciones (enunciados performativos), cuando el juez condena o absuelve está realizando la acción lingüística de administrar justicia; cuando se alega para persuadir al juez se está realizando la acción lingüística de presentar una petición; cuando se declara la independencia de un país o una nueva Constitución Política se está realizando la acción lingüística de hacer una declaración; cuando un notario declara a una pareja que son esposos, con el lenguaje se está realizando un matrimonio; cuando el sacerdote expresa que bautiza, está realizando un bautismo. Con la palabra podemos calumniar e injuriar. Igual cuando se perdona o se promete. Cuando se contrata se hacen promesas recíprocas.

Rafael Echeverría explica que “Al decir lo que decimos, al decirlo de un modo y no de otro, o no diciendo cosa alguna, abrimos o cerramos posibilidades para nosotros mismos y, muchas veces, para otros. Cuando hablamos modelamos el futuro, el nuestro y el de los demás. A partir de lo que dijimos o se nos dijo, a partir de lo que callamos, a partir de lo que escuchamos o no escuchamos de otros, nuestra realidad futura se moldea en un sentido o en otro”[2]. Wittgestein, en la misma línea, nos ofrece el concepto de juegos del lenguaje; indica que con este podemos ordenar, describir, relatar un suceso, hacer suposiciones, plantear una hipótesis y comprobarla, representar los resultados de un experimento mediante cuadros y diagramas, contar chistes, pedir, agradecer, blasfemar, saludar u orar[3].

Por lo anterior, este capítulo persigue varios objetivos: (i) Sensibilizar acerca de la idea de que el abogado es un escritor y un orador, por lo cual debe otorgar especial cuidado al uso del lenguaje verbal y no verbal. (ii) Ver el vínculo entre el derecho y el lenguaje, por cuanto las razones de una decisión, los argumentos expuestos en los textos se expresan mediante palabras. (iii) Examinar y explicar del lenguaje verbal, el papel de la ortografía, la sintaxis, la semántica y la pragmática. (iv) Enunciar las características del lenguaje figurativo.

[1] Rafael Echeverría, Ontología del lenguaje, Dolmen Ediciones, sexta edición, junio de 2002, pág., 65 y ss. [2] Ibid. pág. 35. [3] Robert Alexy. Teoría de la argumentación jurídica. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989, Págs. 86 y ss.


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