LA PRUEBA DE LOS HECHOS

El juez y el servidor público cuando toman decisiones tienen el poder o la facultad de comprobar los hechos. Son deberes del juez emplear los poderes que la ley le concede en materia de pruebas para verificar los hechos alegados por las partes, motivar la sentencia y las demás providencias[1]. El fin de las pruebas es llevar el conocimiento al juez o al servidor público. En el área judicial o administrativa se toman decisiones que deben ser fundamentadas y para ejecutar esta actividad es necesario argumentar. Constituye una garantía para los ciudadanos que las decisiones se sustenten en pruebas legales, regular y oportunamente allegadas a la actuación. Tiende a pensarse que la argumentación solo está en la interpretación de la ley o en cualquiera de las fuentes del derecho. Marina Gascón indica que al ojear las bibliotecas jurídicas se constata que la mayor preocupación de los juristas se ha centrado en los problemas de interpretación de las normas, asumiendo implícitamente que el conocimiento de los hechos no plantea especiales problemas que reclaman de la motivación. El juicio de hecho es tan problemático o más que el juicio de derecho[2].

Los hechos y cada una de las proposiciones que se discuten en los juicios deben ser probadas de manera rigurosa para luego dar el derecho. Dice Luigi Ferrajoli que una justicia no arbitraria debe ser en alguna medida “con verdad”, es decir basada sobre juicios predominantemente cognoscitivos (de hechos) y recognocitivos (del derecho), sujetos como tales a verificación empírica. Las pruebas, se reitera, tienen el propósito de llevar al operador jurídico el conocimiento de los hechos con todas sus circunstancias relevantes.

Toda persona, para garantizar la defensa, tiene el derecho a las pruebas. A solicitarlas e intervenir en su práctica, a obtener la comparecencia de los testigos para interrogarlos, a contradecir la apreciación que se realice de cada medio. La verificación de los hechos exige la recopilación o producción de las pruebas, que luego son sometidas a valoración por las partes y el juez para tomar decisiones argumentadas, que ofrezcan fundamentos fácticos, probatorios y jurídicos.

Las pruebas, para que sean válidas, deben ser producidas acatando las normas que regulan su introducción al proceso. Hay que seguir las formas legales que reglan su conducencia, pertinencia, utilidad y solicitud. Además, luego de producidas, deben ser apreciadas de acuerdo con las reglas de la sana crítica y sobre cada medio de prueba se deben ofrecer los argumentos que sustentan su credibilidad, pues toda afirmación, proposición o conclusión deber probada.

Existe libertad probatoria, pero esta tiene límites, porque hay que seguir las pautas de una seria persuasión racional. Dentro del sistema de la sana crítica, también denominado persuasión racional, hay que acudir, a la valoración en conjunto que exige de la argumentación. En efecto, cuando de apreciar la prueba se trata, buscamos argumentos que provienen de los principios de la lógica, las máximas de la experiencia, las reglas de la ciencia, el sentido común. Y esta tarea hay que hacerla bien para evitar incurrir en falsos raciocinios que lleven a la violación indirecta de la ley.

En suma, la motivación exige soportes probatorios. La prueba es tan nuclear que es objeto de estudios especializados, porque aprender a probar es una competencia fundamental del abogado, pues tanto vale no tener un derecho como no poder probarlo. Para demandar hay que contar con pruebas y si no hemos tenido la diligencia de acopiarlas es difícil tener éxito.

Por lo expuesto este capítulo persigue los siguientes objetivos: (i) Reconocer la importancia que tiene la prueba para acreditar la existencia de los hechos y obtener la verdad de las proposiciones que se someten a discusión en los procesos judiciales o administrativos. (ii) Identificar que una característica esencial de las decisiones es que son cognoscitivas, pues hay que obtener el conocimiento de los hechos por medio de las pruebas como condición previa indispensable para decidir. (iii) Precisar cuál es el objeto o fin de la prueba y su relación con la argumentación. (iv) Examinar los derechos de las partes y los deberes del operador jurídico frente a los medios de prueba, también denominados medios de conocimiento. (v) Aprender a analizar las definiciones jurídicas para determinar los supuestos o requisitos que exigen, con el fin de identificar las proposiciones que son objeto de debate y de prueba. (vi) Aprender a clasificar los medios de prueba de acuerdo con el supuesto de hecho que acreditan. (vii) Recorrer los pasos para reconstruir los hechos del pasado y que son objeto de la decisión. (viii) Examinar, someramente, las teorías sobre la noción de verdad y su relación con los juicios de probabilidad. (ix) Enunciar los principios que rigen los medios de conocimiento. (x) Ofrecer recomendaciones básicas para probar los supuestos de hecho, valorar las pruebas y conocer los criterios para valorar cada medio de prueba.

[1] Art. 42 del Código General del Proceso [2] Marina Gascón Abellán. Los hechos en el derecho. Bases argumentales de la prueba. Marcial Pons, tercera edición, 2010, págs. 174 y ss.


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